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SEGUNDA PARTE:
 
Es natural que al inicio de esta relación política muchos desearan ser ciudadanos de Estados Unidos, igual que lo habían sido de España, y que quisieran gozar de las libertades provistas en la Constitución de EE.UU., tal como había prometido el General Miles, comandante del ejército invasor.

Otro era el destino que nos tenía reservado los norteamericanos. La decepción que más tarde sufrieron muchos tenía sus raíces escritas en el mismo tratado de paz entre España y Estados Unidos, conocido como el Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, por el que España cedió a Puerto Rico. Este dice que 'los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales de los territorios aquí cedidos a los Estados Unidos, se determinarán por el Congreso' (2). El invasor no tomó decisión inmediata alguna sobre la condición de los habitantes de su nueva posesión. Quedaban en un limbo jurídico y político a merced del Congreso, sin que hubiese un compromiso o expectativa alguna de solución a ese estado. Aún más, la Constitución de Estados Unidos le confiere al Congreso facultad para 'promulgar todas las reglas y reglamentos necesarios en relación con el territorio o cualquier propiedad perteneciente a los Estados Unidos' (3). Se iniciaba con esto la construcción del andamiaje legal y político que sostiene hasta nuestros días la relación de subordinación colonial de Puerto Rico a Estados Unidos mediante la cual el Congreso legisla para la Isla sin la representación nuestra en ese cuerpo y sin nuestro consentimiento.

Para 1899 la población de la Isla era de 953,243, de los cuales el 31% estaba por debajo de los 10 años de edad y sólo el 11% era mayor de 45 años. El 38.2% estaba compuesto por negros y mulatos. La ciudad más grande era San Juan, en la que vivían 32,048 personas. La tasa de analfabetismo era de 83.8%. Había 529 escuelas, seis de las cuales estaban en edificios públicos. No había una universidad. Así nos había dejado España (4).

Según José Trías Monge 'a fines del siglo 19 Puerto Rico tenía… una identidad nacional bien definida, un fuerte sentimiento de su propia cultura, parte de las comunidades caribeñas y latinoamericanas hispanohablantes, con sus singularidades propias y tanto derecho como las otras a la libertad y a ser respetada… un país que quería justicia económica, política y social, pero no tutelaje colonial' (5).

Entre 1898 y 1900, el gobierno de Puerto Rico estuvo en manos de generales militares. El Congreso de EE.UU. aprobó en el 1900 la primera ley orgánica para Puerto Rico. La Ley Foraker, para establecer un gobierno civil, establecía un Gobernador nombrado por el Presidente de EE.UU.; un consejo ejecutivo compuesto por norteamericanos nombrados por el Presidente, con funciones en la rama ejecutiva, así como en la legislativa; y una Cámara de Delegados. Esta última era el único cuerpo del gobierno al que el pueblo podía elegir sus representantes. El mismo estaba subordinado al Consejo Ejecutivo y al Gobernador. Entre otras cosas, la Ley Foraker mantuvo a los puertorriqueños en el mismo limbo jurídico en que el Tratado de París los había puesto ya que solo hizo una referencia a los puertorriqueños como 'ciudadanos de Puerto Rico', pero sin derecho a naturalizarse como estadounidenses, no podían ocupar empleos para los que fuera requisito ser ciudadanos norteamericanos y siendo residentes en EE.UU., no podían votar en las elecciones.

Había una clara desigualdad y distinción entre los puertorriqueños y el resto de los norteamericanos establecida por el propio estatuto del Congreso. Muy lejos quedábamos con respecto a las expectativas iniciales. La insatisfacción nuestra no se hizo esperar. Mientras el gobierno de la metrópoli rechazaba hacer cambios en su trato hacia Puerto Rico, en la Isla se cuajaban distintas manifestaciones de resistencia.

Una de esas manifestaciones ocurrió en el 1904 cuando se fundó el Partido Unión. Entre sus propósitos estaba 'resistir la ola esclavizante del Norte' (6). Este partido propuso en la base quinta de su plataforma la independencia para Puerto Rico. Por primera vez en nuestra historia un partido político incluía la independencia como solución a nuestro dilema colonial. Ese sentimiento independentista fue afirmándose y organizándose con el tiempo, según veremos después.

Los norteamericanos vieron en el bajo nivel educativo de los puertorriqueños una gran oportunidad para transformarnos. La tasa de analfabetismo tan alta los llevó a pensar que sería sencillo 'americanizar' a los puertorriqueños. Uno de los primeros estadounidenses encargados de establecer el sistema de educación en la Isla dijo que 'si americanizamos las escuelas y se inspira con el espíritu americano a los profesores y a los alumnos…' (7). En efecto, se estableció esa política encaminada a amputar de nuestra existencia nuestras raíces culturales, nuestro idioma, nuestro espíritu y alma puertorriqueña para convertirnos en 'americanos'.

Nuestro José De Diego, entonces Presidente de la Cámara de Delegados, escribió en 1913 una carta a un Senador de Estados Unidos: 'si no podemos ser uno de vuestros estados, ni formar nuestra propia Nación, entonces tendremos que ser perpetuamente una colonia, una pertenencia de los Estados Unidos. ¿Esta es la ciudadanía que nos brindáis? ¡Pues esa es la ciudadanía que rechazamos!' (4).

En 1914, De Diego dirigiéndose esta vez al Congreso dijo: '… sostenemos firme y lealmente nuestra oposición a que se nos declare contra nuestra voluntad expresa o sin nuestro consentimiento expreso, ciudadanos de ningún otro país que no sea la propia y amada tierra… Tenemos ya una propia y suficiente ciudadanía de Puerto Rico' (5).

El 2 de marzo de 1917 se aprobó en el Congreso de Estados Unidos la segunda ley orgánica para Puerto Rico, conocida como la Ley Jones de 1917. La misma extendió la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños sin consulta previa al pueblo y por encima de todas las expresiones contrarias. Al hacer esto, sin embargo, no se otorgaba igualdad de derechos que a los ciudadanos residentes en los estados.

Las décadas de 1920 a 1950 resultan ser muy complicadas en la historia puertorriqueña. A pesar de que el sistema político que la metrópoli estableció en la Isla fue claramente colonial y de subordinación, proveyó un escenario desde donde se proyectó la imagen y se alimentó la ilusión de que se nos tomaba en cuenta o teníamos algo que decir a la hora de gobernarnos. La vida puertorriqueña fue matizada en esa época por todas las circunstancias que provocaron la gran depresión económica de Estados Unidos, la Segunda Guerra Mundial, la política del Nuevo Trato y el surgimiento del comunismo y el socialismo como sistema y filosofía de gobierno.

La nueva carta orgánica le permitía a los puertorriqueños elegir legisladores al Senado y Cámara de Representantes. Sin embargo, el Gobernador continuó siendo nombrado por el Presidente de Estados Unidos. Ello propició la fundación de nuevos y diversos partidos políticos, la formación de alianzas y coaliciones que tenían distintos fines. Los principales objetivos eran la búsqueda de soluciones al status político y las luchas sindicales y sociales. Las fuerzas políticas se dividían entre aquellos que deseaban resolver el problema colonial mediante la anexión de Puerto Rico como un estado de la unión norteamericana y los que aspiraban a la soberanía total bajo la independencia. Otros, luchaban por conseguir reformas a la carta orgánica que resultaran en más libertad de acción local.

Así encontramos declaraciones como las siguientes de algunos Senadores nuestros en 1937 que podrían repetirse hoy sin sorprender a nadie: '… es lo cierto que nuestra esclavitud política y social y económica, es peor que la antigua esclavitud en que se sumía la gleba' (8); o '… es bueno que ya se sepa definitivamente por el Congreso y la Administración Federal que el pueblo de Puerto Rico desea continuar unido permanentemente a los Estados Unidos…' (9).

Es también durante estas décadas que el Partido Nacionalista, dirigido por don Pedro Albizu Campos, hizo las mayores aportaciones a la lucha de la independencia. Luego de una derrota electoral en 1932, ese partido decidió descartar el mecanismo electoral y enfrentar a la metrópoli por la vía violenta. Ocurrieron varios incidentes posteriores en los cuales murieron jóvenes nacionalistas. En venganza, otros nacionalistas mataron al coronel dela policía Riggs, que fueron luego asesinados por la misma policía. Ante la eferverscencia política en la Isla, el Congreso respondió con el primer Proyecto de Ley Tydings de 1936 que otorgaría la independencia a Puerto Rico luego de una votación en la Isla.

Estos sucesos, además de la masacre de Ponce, el juicio y encarcelamiento de Albizu Campos, la división en el Partido Liberal y el debilitamiento de la Coalición entre el Partido Republicano y el Socialista, propiciaron un realineamiento de fuerzas políticas que llevaron a la fundación del Partido Popular Democrático en 1938, bajo el liderato de Luis Muñoz Marín.

Muñoz se había destacado como político defensor de la independencia en el Partido Liberal. Al presentarse a las elecciones de 1940 con el PPD, Muñoz decidió postergar el respaldo a la independencia y 'declarar que dicha cuestión no era un punto de controversia en las elecciones' (10). Su programa era de carácter social y económico. Se evidenciaba el comienzo del giro ideológico de Muñoz que más tarde culminó en un vuelco total en contra de la independencia para Puerto Rico que había predicado antes.

Eventualmente Muñoz se impuso. Expulsó a los independentistas del Partido Popular mediante la declaración de incompatibilidad de 1945 que prohibía a sus miembros ser también miembros del Congreso Pro Independencia. Para octubre de 1946 Gilberto Concepción de Gracia fundaba el Partido Independentista Puertorriqueños junto a parte del liderato del PPD que abandonó a Muñoz.

La agitación política que se escenificó en al Isla durante estas décadas en las que el sentimiento independentista cobró fuerzas como nunca antes se unió a las tensiones mundiales que comenzaron a producirse luego de la Segunda Guerra Mundial. Puerto Rico cobraba un nuevo valor estratégico y Estados Unidos no podía darse el lujo de perder su colonia en el Caribe. Tampoco podía mantener su prestigio y credibilidad al presionar a otras potencias mundiales a que le otorgaran la independencia a sus colonias mientras mantenía a Puerto Rico como colonia propia. Todo apuntaba hacia la necesidad de hacer cambios en la relación con la Isla. Estos cambios debían tener el efecto de que Puerto Rico se mantuviese bajo el control y soberanía de Estados Unidos y a la vez dar la apariencia de que la Isla había ejercido la libre determinación y dejado de ser una colonia.

En el 1950, el Congreso aprobó la Ley Pública 600. Esta proponía que los puertorriqueños fuesen a un referéndum para decidir si aceptaban los términos de dicha ley, bajo la cual el Congreso autorizaba a que se redactara una constitución. Dicha constitución sería únicamente para establecer el gobierno interno de la Isla. La Ley 600 además, disponía que 'continuarían en su fuerza y vigor' (10) todas las disposiciones de la ley orgánica Jones de 1917, excepto aquellas que describían la organización del gobierno interno de Puerto Rico que sería instituido por la nueva constitución. Esos artículos que quedarían en vigor se recogerían en la nueva Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico. Además de lo anterior, la constitución nuestra estaría sujeta a la constitución de Estados Unidos. La Ley 600 disponía que luego de redactada la constitución de Puerto Rico, el Presidente de Estado Unidos tendría que revisarla para asegurarse que la misma no violara ninguna disposición de la de Estados Unidos y certificarlo así al Congreso para que éste la aprobara.

En otras palabras, lo único que se proponía y que en efecto sucedió, fue que estados Unidos delegó en los puertorriqueños la potestad para establecer un gobierno que administrara la colonia en asuntos internos. Todo lo demás quedaría tal como lo disponía la ley orgánica colonial de 1917, ahora bajo el nombre de Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico.

Muñoz Marín, aprovechando el respaldo abrumador con que contaba, indujo al pueblo de Puerto Rico a votar a favor de dicha medida. Mientras en el Congreso de Estados Unidos admitió que esta ley no cambiaba nada, en Puerto Rico le hizo creer al pueblo que se descolonizaba a la Isla. Fue un engaño al pueblo en el que participó el Partido Popular de Muñoz y la facción estadista. Mientras tanto, el Partido Nacionalista de Albizu se rebeló en 1950 en la Revolución de Jayuya. El Partido Independentista Puertorriqueño de don Gilberto Concepción de Gracia, comprometido con la lucha pacífica desde su fundación, se abstuvo de participar en los procesos que, como hemos dicho, resultaron ser un grandísimo engaño al pueblo de Puerto Rico y al mundo. Puerto Rico sigue siendo hoy, bajo la constitución del Estado Libre Asociado, un territorio colonial de Estados Unidos en que el Congreso de ese país todavía ejerce, igual que antes de su implantación en 1952, plenos poderes y autoridad según se los otorga la cláusula territorial de la constitución estadounidense.

Puerto Rico nunca ha tenido oportunidad de ejercer su derecho a la libre determinación, tal como reza el Derecho Internacional. Por eso todavía, en el siglo 21, nos encontramos luchando por lograr la descolonización de Puerto Rico. Igual que antes, estamos divididos en tres bandos: los que creen haber resuelto el asunto en 1952 y no quieren cambios; los anexionistas, que como resultado de la experiencia colonial han aumentado en número; y los independentistas, que creemos que se nos sigue negando el derecho a la libertad y tenemos la certeza de que la independencia es inevitable.

(Fuente: independencia.net)

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